Demócratas versus políticos
No cabe el desaliento. No vale excusarse para no tomar parte en esta tremenda lucha contra los poderes fácticos. No nos engañemos. Una cosa es la vida del ciudadano de a pie y otra muy distinta los intereses de la clase política.
El estado, el gobierno y las instituciones políticas, como entidades surgidas del derecho, de una normativa legal, de la ley, pueden ser removidos completamente. Pueden ser cambiados o transformados siempre que la sociedad que los sustentan así lo determine. Ejemplos de dictaduras borradas y sustituidas por democracias, monarquías transformadas en repúblicas y viceversa, ya hemos vivido en nuestra historia española y europea.
Las leyes las elaboran los políticos para ordenar la sociedad. Pero los políticos son personas sometidas a sus circunstancias y elaboran las leyes a tenor de los pactos y compromisos políticos y económicos de los grupos de presión que los sustentan.
Las leyes de un estados son susceptibles de ser derogadas, mejoras o empeoradas. Pueden ser sustituidas por otras leyes. La calidad de una ley vendrá determinada por su respeto a la dignidad del hombre, a quien se supone que intenta servir. Si respeta y promueve la dignidad del hombre será una ley válida para todos los ciudadanos y su permanencia en el tiempo garantizará el bienestar de la sociedad.
Una ley que no respete al hombre, la vida del ser humano, lo necesario para su sustento físico (trabajo, vivienda), su condición de ser indefenso en las primeras y últimas etapas de su vida así como en los momentos de enfermedad o accidente, el medio natural para su desarrollo (familia, escuela, naturaleza) introducirá una injusticia social que llevará a la crispación, a la alteración de la convivencia ciudadana, a los desórdenes sociales y al crimen.
Este camino se puede recorrer en sentido inverso. Si nos encontramos una sociedad en la que el índice de criminalidad es alto, existe crispación y graves problemas de convivencia ciudadana; si asistimos a la reiterada violación de los derechos más elementales, como la protección a la infancia (maltratos a niños, abortos masivos, eliminación silenciosa de enfermos terminales y ancianos), deberíamos considerar seriamente la calidad de las leyes por las que nos regimos.
Y como apuntaba al comienzo, el ciudadano no puede esperar de la clase política que enmiende unas leyes que ha elaborado a tenor de los pactos y compromisos políticos y económicos de los grupos de presión que los sustentan.
Somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los demócratas, los que tenemos que alzar la voz del voto en las urnas, y pronunciarnos claramente sobre nuestros intereses, que no son otros que ser gobernados por unas leyes que promuevan el respeto a la dignidad humana y la paz social.
El sobrino de Atilano Nicolás
